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Economía

Sector construcción en desacuerdo ante ley que amplía plazos de titulación de terrenos

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En referencia a terrenos ocupados informalmente.

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Recientemente, el Congreso de la República aprobó la ley que dispone la ampliación de los plazos para la titulación de terrenos ocupados por posesiones informales. En ese sentido, la Cámara Peruana de la Construcción – CAPECO, la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú – ASEI, el Colegio de Arquitectos del Perú – CAP, la Asociación Peruana de Estudios de Arquitectura – AEA, la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú – FTCCP, la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú – ADI Perú y la Asociación Peruana de Agentes Inmobiliarios – ASPAI, expresaron su oposición rotunda hacia esta ley, advirtiendo los problemas que afectarán a las ciudades y la población más vulnerable del país.

Las instituciones representativas del sector, aseguran que esta política de regularización desata graves consecuencias económicas, sociales, ambientales e institucionales en las ciudades; producen escasez de espacios públicos y áreas verdes; propician la segregación ambiental, la violencia y la inseguridad ciudadana.

La prevalencia de estas actividades en el país, también pone en grave peligro la institucionalidad democrática e incentiva la corrupción. Un claro ejemplo, son quienes lucran con la informalidad, pues son mafias delincuenciales que han adquirido un poder significativo, infiltrando sobre todo a las entidades públicas encargadas de combatirlas, pero también han adquirido presencia política en los gobiernos locales y regionales, aprovechándose de personas que necesitan de una vivienda.

Por su parte, Humberto Martínez, Presidente de CAPECO, señala la importancia de implementar en el Perú una política de largo plazo de desarrollo de ciudades y de vivienda formal: “Más del 65 % de los peruanos vivimos en grandes ciudades, y este no es un tema de discusión ni en el sector público ni en el privado; desde hace décadas hemos asumido perversamente que es normal que el suelo se invada y se regularice”, expresó Martínez.

En tanto, Juan Carlos Tassara, Presidente de ASEI, dijo: “Sin duda, el sector inmobiliario se verá afectado a largo plazo por esta ley. A pesar de los efectos que trajo la pandemia a la economía peruana, el mercado se ha mantenido saludable y esta normativa afectará a uno de los sectores más relevantes de la economía del país, si es que el congreso no toma en consideración las implicaciones de la misma”, señaló.

Para ello, los gremios exigen los siguientes puntos:

1. Promover la planificación urbano-territorial, el sistema de catastros y la provisión de suelo formal, tanto público como privado, para la producción de vivienda social y equipamientos urbanos.

2. Articular las inversiones en infraestructuras y servicios públicos con los objetivos de desarrollo urbano formal y de generación de oferta de vivienda, especialmente de aquella dirigida a la población de menores ingresos.

3. Impulsar el perfeccionamiento de los procedimientos administrativos de urbanización y edificación, así como la coordinación de competencias entre los diferentes niveles de gobierno, buscando promover la calidad y la seguridad de las construcciones.

4. Fortalecer los programas estatales y créditos habitacionales, dotándolas de recursos suficientes para atender de manera efectiva el déficit actual y la demanda futura de vivienda social.

5. Implementar una política de innovación e investigación en la actividad constructora, que estimule el empleo de tecnologías que permitan contar con edificaciones e infraestructuras apropiadas en términos económicos, sociales y ambientales.

6. Incentivar la formalización laboral, el fortalecimiento de la representación sindical y la mejora continua de competencias de empresas, profesionales y trabajadores de la construcción.

La importancia de construir formalidad

Cabe indicar que, como consecuencia de esta política, más del 93 % de la expansión producida en 43 principales ciudades durante los últimos veinte años, pertenece al tráfico de tierras o a lotizaciones informales.

Este modelo afecta principalmente a las personas más necesitadas. Por ello, las instituciones proponen que es indispensable generar incentivos para construir formalidad.

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